Los dos mil piratas de las ondas
- Las cadenas prefieren arriesgarse a la sanción, en lugar de perder un mercado local destacado, o no poder ofrecer una cobertura nacional a sus grandes clientes
- La impunidad de la situación ha hecho que las frecuencias ilegales devalúen el mercado de las legales, que resultan más caras
- En 2020, el grupo valenciano Compromís promovió una moción en el Senado para eliminar las emisoras ilegales del espectro radioeléctrico, ante la 'dejadez' del Gobierno
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| La radio necesita emisoras para difundirse, pero la propiedad del espectro es pública. Por eso hay que repartirla mediante concesiones administrativas (Fotografía Pixabay) |
El círculo vicioso al que nos ha conducido el amiguismo político en la concesión administrativa de frecuencias de radio ha emponzoñado el sector, hasta convertir los diales, sobre todo de las grandes ciudades, en una maraña ingobernable de frecuencias de orígenes cuando menos sospechosos
Ante la falta de frecuencias en determinados territorios clave, ¿qué decisión toman las grandes cadenas en plazas con potencialidad comercial? En estos casos, recurren, a sabiendas, a postes ilegales. Salvaguardan su operatividad, garantizan sus ingresos, pero están expuestos a posibles acciones de la administración, en dos niveles: autonómica y nacional. La ausencia de esos mercados locales les empobrece, y prefieren arriesgarse a la multa que perder ingresos. No puede venderse, por otra parte, a un gran cliente una difusión nacional si no se cuenta con una red completa de todo el territorio, lo que obliga prácticamente a buscarse las artimañas necesarias para alcanzar la cobertura. De nuevo el refranero español cuenta con una sentencia para explicar esta situación irregular: “más vale pedir perdón, que pedir permiso”. Carecer de título habilitante para emitir en FM equivale a carecer de permiso. Pero, por lo visto en España, esto no es un problema, puesto que existen -se compran y se venden, algo inaudito- frecuencias ilegales. La situación ha llegado a tal punto de surrealismo que el mercado de emisoras ilegales ha devaluado el de los postes que cuentan con título habilitante que, a la postre, sí, evita los problemas, pero son sensiblemente más caros. ¿Por qué gastar más dinero, si puedo emitir por una FM ilegal, que nadie me va a cerrar...? La impunidad convierte le ley en papel mojado.
La situación, propia más de una república bananera, puede
empeorar todavía más cuando nos encontramos con vueltas de tuerca de calibre,
como que el EGM contemple la audiencia procedente de un poste ilegal (con lo
que está legalizando tácitamente la frecuencia), se concedan ayudas
públicas a emisoras ilegales o, lo más sangrante, que el propio colectivo
de emisoras privadas denuncie la existencia de competidores desleales que utilizan
frecuencias fraudulentas, cuando ellos mismos lo hacen habitualmente, en un
ejercicio impresentable de cinismo. El círculo vicioso al que nos ha conducido
el amiguismo político en la concesión administrativa de frecuencias de radio ha
emponzoñado el sector, hasta convertir los diales, sobre todo de las grandes
ciudades, en una maraña ingobernable de frecuencias de orígenes cuando menos
sospechosos.
Juan de Dios Rodríguez Pariente, ex DirCom de la Cadena SER, escribía en 2016 que “a principios de los 2000, había en España 2.928 emisoras ilegales frente a 1.191 legales”. Los números son desorbitados. Claramente, este tema se le ha ido de las manos a la administración
Escribía en esta web, en 2018, un artículo titulado “La quiebra de la industria radiofónica española”, en el que mantenía la tesis de que el sector pasaría por muy graves problemas de viabilidad económica si las autoridades, autonómicas y nacionales, se decidieran a ordenar el panorama, porque las multas contempladas en la vigente Ley General de Telecomunicaciones de 9/2014, establece multas de “hasta 20 millones de euros” por emitir desde un poste ilegal, y son miles las emisoras ilegales. Juan de Dios Rodríguez Pariente, ex DirCom de la Cadena SER, escribía en 2016 que “a principios de los 2000, había en España 2.928 emisoras ilegales frente a 1.191 legales”. Los números son desorbitados. Claramente, este tema se le ha ido de las manos a la administración, hace ya mucho tiempo.
En
su Asamblea anual de 2020, la Asociación Española de Radio Comercial
(AERC) denunciaba el "crecimiento descontrolado" de emisoras
ilegales, y pedía a la Administración que
"actúe de forma contundente" contra ellas. Nada más normal que
una asociación profesional vele por la legalidad y por sus intereses
comerciales y, en virtud del cumplimiento de sus obligaciones fiscales e
industriales, exija a la Administración que acabe con esta clara competencia
desleal. Mientras ellos pagan los impuestos correspondientes y cumplen con las
condiciones establecidas por la ley por la explotación comercial de sus
frecuencias, otros no lo hacen.
Pero estamos en España, y la situación no es la que parece.
En 2018, dos años antes de esta petición formal de la AERC a la Administración
para que pusiera orden en el dial de la FM en España, el
CEO de la COPE, Fernando Giménez Barriocanal, cadena perteneciente a la
AERC, compareció en el Foro de la Nueva Comunicación para reconocer que su
cadena emite desde postes ilegales. Y añadió: "Cope está
exactamente en la misma posición que están el resto de nuestros competidores”.
Tuvo la gallardía y la valentía de confesar lo que era vox pópuli en el
sector, pero ninguna otra cadena reconocía. Los efectos de aquella confesión fueron... ninguno.
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| Nadie puede tomarse la libertad de poner en marcha una frecuencia de radio donde le dé la gana (Fotografía Pixbay) |
La situación, propia más de una república bananera, puede empeorar todavía más cuando nos encontramos con vueltas de tuerca de calibre, como que se concedan ayudas públicas a emisoras ilegales o, lo más sangrante, que el propio colectivo de emisoras privadas denuncie la existencia de competidores desleales que utilizan frecuencias fraudulentas, cuando ellos mismos lo hacen habitualmente, en un ejercicio impresentable de cinismo
En marzo del año pasado, Compromís volvió a la carga con este
tema, con ninguna suerte, a través de una pregunta al Gobierno del PSOE y
Podemos. Preguntó por inspecciones y, en su caso, sanciones impuestas por la
administración por este tema. La respuesta del ejecutivo se registró el 22 de
marzo de 2021. Tras una farragosa introducción en la que explicaba el reparto
de competencias entre la administración central y las autonómicas, en relación
con el ordenamiento de las emisoras de frecuencia modulada, lo mismo que no
entendía el senador Mulet, explicó: “En relación con esta tramitación
ordinaria, se han inspeccionado durante 2020 un total de 64 estaciones de FM.
En 56 ocasiones el resultado fue favorable, en los 8 restantes, no favorable”.
La respuesta del Gobierno completaba con más datos: “En relación con la
investigación de interferencias perjudiciales a servicios de
radiocomunicaciones legalmente establecidos, durante 2020 se recibieron un
total de 1140 reclamaciones. De las cuales, tan solo 6 estuvieron provocadas
por estaciones de radiodifusión en FM”. Por último, refiriéndose al
capítulo de sanciones: “señalar que por parte de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se han sancionado un total de
10 infracciones en materia de emisiones ilegales de radiodifusión en FM. 6 de
ellas constituían infracción muy grave de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones: la realización de emisiones que vulneran u obstaculizan
los planes técnicos del dominio público radioeléctrico (art. 76.5) y 4 de ellas eran infracciones graves: la
producción de interferencias perjudiciales (art. 77.4 Ley General de
Telecomunicaciones)”. Pero la respuesta del Gobierno a la pregunta de
Compromís no perdió la oportunidad de echar balones fuera: “Corresponde a
las CCAA la inspección de estaciones de FM sin título habilitante y la
correspondiente imposición de sanciones de acuerdo con la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la comunicación audiovisual. (LGCA)”.
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| Es estratégico para una cadena de radio nacional tener presencia en toda España para poder garantizar la difusión de los mensajes de sus clientes (Fotografía Pixabay) |
El despliegue de la RDT (DAB+) permitiría volver a la casilla de salida de este complejo tablero radiofónico y reorganizar las frecuencias. Pero vamos tarde, porque ya han surgido emisoras piratas en DAB. Todo va muy rápido, menos la administración, que circula a velocidad de caracol, por si fuera poco, con obstáculos por el camino
Ya en 2018, en esta misma web, escribía que “La DAB+ representa una oportunidad para superar el caos del ordenamiento del espectro”. Y añadía en mi reflexión: “El Estado podría regularizar las redes de emisoras ilegales de todas las grandes cadenas, a cambio de su apoyo a la digitalización terrestre de la radio”. Pero cuatro años después, seguimos igual que en 2018, y que en 2017, y que en 2016 y que... hace veintidós años, donde la implementación de la Radio Digital Terrestre no ha avanzado un ápice. No solo este proceso se encuentra bloqueado, sino que ya están surgiendo emisoras pirata en DAB, antes incluso de que se regule este nuevo canal de difusión digital terrestre. Todo un despropósito.
El grupo Compromís, inalterable al desaliento, y a los cabezazos contra la pared, planteó hace unas semanas una enmienda a la Ley General de Telecomunicaciones que se negocia en el Senado, para garantizar el despliegue de la Radio Digital, congelada desde el año 2000. Aunque cada vez van quedando menos excusas para defender la inmovilidad en este asunto de la digitalización de la radio en España, cuando el resto de Europa ha apostado con determinación por la DAB+, lo cierto es que el Gobierno ha vuelto a tumbar, por enésima vez, la enmienda. Pero la situación de tensión provocada por la exigencia de Compromís en torno a la RDT ha terminado por afectar al ejecutivo y provocar reuniones de alto nivel con carácter de urgencia, para frenar el descontento. En mentideros políticos, se defiende el argumento de que no se puede acometer una acción como esta con la oposición del sector, como es evidente. Pero la responsabilidad social del poder público no puede delegarse en la iniciativa y los intereses privados, no siempre coincidentes con los intereses generales. Mientras tanto, la RDT es una anécdota en Madrid y Barcelona, que nadie conoce y el dial de la FM en España es un auténtico caos enquistado.
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-La lucha contra las radios piratas en España
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Ah! las emisoras de 2kW, por supuesto total prohibición de conexión en cadena. Y las municipales, tampoco.
ResponderEliminarAh! el porque las publicas al pongo arriba, y especialmente las municipales tiene una explicación técnica: A partir de 108Mhz es banda Aeronautica, y en el inicio hasta 110Mhz, con sistemas de guia de aterrizaje en Aeropuertos. Así pues es mas "seguro" dejar las entidades publicas cerca es que siempre se tiene mejor control de ellas, y las municipales, sobretodo, emiten con menos potencia.
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