Los dos mil piratas de las ondas

Los diales de la FM en España están saturados de emisoras ilegales contra las que no se actúa 

La administración se reparte las competencias, y se pasa la pelota 

  • Las cadenas prefieren arriesgarse a la sanción, en lugar de perder un mercado local destacado, o no poder ofrecer una cobertura nacional a sus grandes clientes
  • La impunidad de la situación ha hecho que las frecuencias ilegales devalúen el mercado de las legales, que resultan más caras
  • En 2020, el grupo valenciano Compromís promovió una moción en el Senado para eliminar las emisoras ilegales del espectro radioeléctrico, ante la 'dejadez' del Gobierno

Las grandes cadenas de radiodifusión privada mantienen su negocio gracias a los ingresos publicitarios obtenidos de la contratación de grandes marcas de cobertura nacional, pero también de la suma de la publicidad emitida en sus emisoras locales. La Cadena SER, la COPE, Onda Cero, esRadio y otras más pequeñas y carentes del mismo volumen, pero aspirantes a recolectar ingresos igualmente, no pueden permitirse el lujo de perder un mercado local atractivo, aunque no tengan una frecuencia legal asignada en esas plazas. La concesión administrativa de una frecuencia de radio se produce tras una convocatoria pública, a la que se concurre a través de un concurso, aportando la documentación exigida en sus pliegos, que el gobierno autonómico (es una concesión de esta administración pública) puntúa de acuerdo a unos criterios objetivos. Sobre el papel, el procedimiento es impecable, pero la realidad, por desgracia, dista mucho de las apariencias.

La radio necesita emisoras para difundirse, pero la propiedad del espectro es pública. Por eso hay que repartirla mediante concesiones administrativas (Fotografía Pixabay)
Los vericuetos administrativos, la picaresca ideológica de nuestros políticos, y los intereses partidistas, tradicionalmente, se han unido para impedir el paso al mercado radiofónico a aquellas marcas enfrentadas ideológicamente al gobierno de turno. Así, un gobierno socialista preferirá conceder frecuencias a la SER que a la COPE, y al revés, cuando quien gobierna es el Partido Popular. Este procedimiento, debería estar garantizado por una normativa apolítica, basada únicamente en los méritos expuestos por el aspirante a la frecuencia, pero en España es mucho más habitual que en otras latitudes que a la concesión de FMs le sigan denuncias de irregularidades en el proceso. Basta consultar en Google para acercarse a esta realidad tan vergonzosa de nuestro panorama radiofónico.
El círculo vicioso al que nos ha conducido el amiguismo político en la concesión administrativa de frecuencias de radio ha emponzoñado el sector, hasta convertir los diales, sobre todo de las grandes ciudades, en una maraña ingobernable de frecuencias de orígenes cuando menos sospechosos

Ante la falta de frecuencias en determinados territorios clave, ¿qué decisión toman las grandes cadenas en plazas con potencialidad comercial? En estos casos, recurren, a sabiendas, a postes ilegales. Salvaguardan su operatividad, garantizan sus ingresos, pero están expuestos a posibles acciones de la administración, en dos niveles: autonómica y nacional. La ausencia de esos mercados locales les empobrece, y prefieren arriesgarse a la multa que perder ingresos. No puede venderse, por otra parte, a un gran cliente una difusión nacional si no se cuenta con una red completa de todo el territorio, lo que obliga prácticamente a buscarse las artimañas necesarias para alcanzar la cobertura. De nuevo el refranero español cuenta con una sentencia para explicar esta situación irregular: “más vale pedir perdón, que pedir permiso”. Carecer de título habilitante para emitir en FM equivale a carecer de permiso. Pero, por lo visto en España, esto no es un problema, puesto que existen -se compran y se venden, algo inaudito- frecuencias ilegales. La situación ha llegado a tal punto de surrealismo que el mercado de emisoras ilegales ha devaluado el de los postes que cuentan con título habilitante que, a la postre, sí, evita los problemas, pero son sensiblemente más caros. ¿Por qué gastar más dinero, si puedo emitir por una FM ilegal, que nadie me va a cerrar...? La impunidad convierte le ley en papel mojado.

La situación, propia más de una república bananera, puede empeorar todavía más cuando nos encontramos con vueltas de tuerca de calibre, como que el EGM contemple la audiencia procedente de un poste ilegal (con lo que está legalizando tácitamente la frecuencia), se concedan ayudas públicas a emisoras ilegales o, lo más sangrante, que el propio colectivo de emisoras privadas denuncie la existencia de competidores desleales que utilizan frecuencias fraudulentas, cuando ellos mismos lo hacen habitualmente, en un ejercicio impresentable de cinismo. El círculo vicioso al que nos ha conducido el amiguismo político en la concesión administrativa de frecuencias de radio ha emponzoñado el sector, hasta convertir los diales, sobre todo de las grandes ciudades, en una maraña ingobernable de frecuencias de orígenes cuando menos sospechosos.

Juan de Dios Rodríguez Pariente, ex DirCom de la Cadena SER, escribía en 2016 que “a principios de los 2000, había en España 2.928 emisoras ilegales frente a 1.191 legales”. Los números son desorbitados. Claramente, este tema se le ha ido de las manos a la administración

Escribía en esta web, en 2018, un artículo titulado “La quiebra de la industria radiofónica española”, en el que mantenía la tesis de que el sector pasaría por muy graves problemas de viabilidad económica si las autoridades, autonómicas y nacionales, se decidieran a ordenar el panorama, porque las multas contempladas en la vigente Ley General de Telecomunicaciones de 9/2014, establece multas de “hasta 20 millones de euros” por emitir desde un poste ilegal, y son miles las emisoras ilegales. Juan de Dios Rodríguez Pariente, ex DirCom de la Cadena SER, escribía en 2016 que “a principios de los 2000, había en España 2.928 emisoras ilegales frente a 1.191 legales”. Los números son desorbitados. Claramente, este tema se le ha ido de las manos a la administración, hace ya mucho tiempo.

En su Asamblea anual de 2020, la Asociación Española de Radio Comercial (AERC) denunciaba el "crecimiento descontrolado" de emisoras ilegales, y pedía a la Administración que "actúe de forma contundente" contra ellas. Nada más normal que una asociación profesional vele por la legalidad y por sus intereses comerciales y, en virtud del cumplimiento de sus obligaciones fiscales e industriales, exija a la Administración que acabe con esta clara competencia desleal. Mientras ellos pagan los impuestos correspondientes y cumplen con las condiciones establecidas por la ley por la explotación comercial de sus frecuencias, otros no lo hacen.

Pero estamos en España, y la situación no es la que parece. En 2018, dos años antes de esta petición formal de la AERC a la Administración para que pusiera orden en el dial de la FM en España, el CEO de la COPE, Fernando Giménez Barriocanal, cadena perteneciente a la AERC, compareció en el Foro de la Nueva Comunicación para reconocer que su cadena emite desde postes ilegales. Y añadió: "Cope está exactamente en la misma posición que están el resto de nuestros competidores”. Tuvo la gallardía y la valentía de confesar lo que era vox pópuli en el sector, pero ninguna otra cadena reconocía. Los efectos de aquella confesión fueron... ninguno.

Nadie puede tomarse la libertad de poner en marcha una frecuencia de radio donde le dé la gana (Fotografía Pixbay)

Sí que se reordenó, en parte, el listado de emisoras de radio controladas por la AIMC, para realizar trimestralmente el EGM. Así, este estudio registró 664 emisoras ilegales en 2018, de manera que la audiencia proporcionada por estos postes sin título habilitante no se contemplaba, a pesar de que contaban en el estudio con su correspondiente código de identificación. Me cuesta creer que tantos miles de oyentes se pierdan en el EGM... no sé si soy un ingenuo. En todo caso, inexplicable.
La situación, propia más de una república bananera, puede empeorar todavía más cuando nos encontramos con vueltas de tuerca de calibre, como que se concedan ayudas públicas a emisoras ilegales o, lo más sangrante, que el propio colectivo de emisoras privadas denuncie la existencia de competidores desleales que utilizan frecuencias fraudulentas, cuando ellos mismos lo hacen habitualmente, en un ejercicio impresentable de cinismo

En 2020, el grupo valenciano Compromís, muy proactivo por la implementación de la Radio Digital Terrestre (RDT) en nuestro país, promovió una moción en el Senado para eliminar las emisoras ilegales del espectro radioeléctrico, ante la 'dejadez' del Gobierno. El senador Carles Mulet declaró entonces: "Existe casi una total impunidad para emitir ilegalmente". Y un dato vergonzante ya conocido, y reconocido: España está a la cabeza en Europa en número de emisora ilegales de FM en la actualidad. Mulet se preguntaba: “No parece que tenga mucho sentido que la emisión sin título habilitante sea asunto de las comunidades autónomas y que las interferencias perjudiciales lo sean de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, salvo que exista una coordinación efectiva y una voluntad conjunta de luchar para perseguir el fraude y erradicar esta práctica”.

En marzo del año pasado, Compromís volvió a la carga con este tema, con ninguna suerte, a través de una pregunta al Gobierno del PSOE y Podemos. Preguntó por inspecciones y, en su caso, sanciones impuestas por la administración por este tema. La respuesta del ejecutivo se registró el 22 de marzo de 2021. Tras una farragosa introducción en la que explicaba el reparto de competencias entre la administración central y las autonómicas, en relación con el ordenamiento de las emisoras de frecuencia modulada, lo mismo que no entendía el senador Mulet, explicó: “En relación con esta tramitación ordinaria, se han inspeccionado durante 2020 un total de 64 estaciones de FM. En 56 ocasiones el resultado fue favorable, en los 8 restantes, no favorable”. La respuesta del Gobierno completaba con más datos: “En relación con la investigación de interferencias perjudiciales a servicios de radiocomunicaciones legalmente establecidos, durante 2020 se recibieron un total de 1140 reclamaciones. De las cuales, tan solo 6 estuvieron provocadas por estaciones de radiodifusión en FM”. Por último, refiriéndose al capítulo de sanciones: “señalar que por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se han sancionado un total de 10 infracciones en materia de emisiones ilegales de radiodifusión en FM. 6 de ellas constituían infracción muy grave de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones: la realización de emisiones que vulneran u obstaculizan los planes técnicos del dominio público radioeléctrico (art. 76.5) y  4 de ellas eran infracciones graves: la producción de interferencias perjudiciales (art. 77.4 Ley General de Telecomunicaciones)”. Pero la respuesta del Gobierno a la pregunta de Compromís no perdió la oportunidad de echar balones fuera: “Corresponde a las CCAA la inspección de estaciones de FM sin título habilitante y la correspondiente imposición de sanciones de acuerdo con la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la comunicación audiovisual. (LGCA)”.

Es estratégico para una cadena de radio nacional tener presencia en toda España para poder garantizar la difusión de los mensajes de sus clientes (Fotografía Pixabay)

Queda claro. Corresponde a las Comunidades Autónomas velar por la legalidad de las emisiones en frecuencia modulada, aunque no ejerzan, y miren para otro lado, con algunas excepciones como la del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) que sí cuenta con actuaciones destacadas en este tema, a pesar de que su actuación también sea mejorable y, desde luego, controvertida. Hay numerosos intereses económicos de por medio, y no pocas presiones, para perpetuar la competencia desleal de empresas que emiten a través de postes ilegales de frecuencia modulada, entre las que se encuentran las grandes cadenas que denuncian esta situación insostenible. Grandes cadenas que no ven otra alternativa que delinquir o perder mucho dinero en sus cuentas de resultados.
El despliegue de la RDT (DAB+) permitiría volver a la casilla de salida de este complejo tablero radiofónico y reorganizar las frecuencias. Pero vamos tarde, porque ya han surgido emisoras piratas en DAB. Todo va muy rápido, menos la administración, que circula a velocidad de caracol, por si fuera poco, con obstáculos por el camino

Ya en 2018, en esta misma web, escribía que “La DAB+ representa una oportunidad para superar el caos del ordenamiento del espectro”. Y añadía en mi reflexión: “El Estado podría regularizar las redes de emisoras ilegales de todas las grandes cadenas, a cambio de su apoyo a la digitalización terrestre de la radio”. Pero cuatro años después, seguimos igual que en 2018, y que en 2017, y que en 2016 y que... hace veintidós años, donde la implementación de la Radio Digital Terrestre no ha avanzado un ápice. No solo este proceso se encuentra bloqueado, sino que ya están surgiendo emisoras pirata en DAB, antes incluso de que se regule este nuevo canal de difusión digital terrestre. Todo un despropósito. 

El grupo Compromís, inalterable al desaliento, y a los cabezazos contra la pared, planteó hace unas semanas una enmienda a la Ley General de Telecomunicaciones que se negocia en el Senado, para garantizar el despliegue de la Radio Digital, congelada desde el año 2000. Aunque cada vez van quedando menos excusas para defender la inmovilidad en este asunto de la digitalización de la radio en España, cuando el resto de Europa ha apostado con determinación por la DAB+, lo cierto es que el Gobierno ha vuelto a tumbar, por enésima vez, la enmienda. Pero la situación de tensión provocada por la exigencia de Compromís en torno a la RDT ha terminado por afectar al ejecutivo y provocar reuniones de alto nivel con carácter de urgencia, para frenar el descontento. En mentideros políticos, se defiende el argumento de que no se puede acometer una acción como esta con la oposición del sector, como es evidente. Pero la responsabilidad social del poder público no puede delegarse en la iniciativa y los intereses privados, no siempre coincidentes con los intereses generales. Mientras tanto, la RDT es una anécdota en Madrid y Barcelona, que nadie conoce y el dial de la FM en España es un auténtico caos enquistado.


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-La lucha contra las radios piratas en España







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  1. Ah! las emisoras de 2kW, por supuesto total prohibición de conexión en cadena. Y las municipales, tampoco.

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  2. Ah! el porque las publicas al pongo arriba, y especialmente las municipales tiene una explicación técnica: A partir de 108Mhz es banda Aeronautica, y en el inicio hasta 110Mhz, con sistemas de guia de aterrizaje en Aeropuertos. Así pues es mas "seguro" dejar las entidades publicas cerca es que siempre se tiene mejor control de ellas, y las municipales, sobretodo, emiten con menos potencia.

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